Os copypasteamos un interesante artículo publicado en Estándares Abiertos sobre el decreto firmado recientemente por el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, donde se detalla que software se ha de utilizar en la administración pública ecuatoriana:
El 10 de abril del 2008, el Presidente Rafael Correa Delgado, ha firmado el Decreto 1014
por el que ordena con absoluta precisión que el software usado por las
administraciones públicas del país sea software libre (e implícitamente
basado en estándares abiertos). Lo confirma la nota de prensa oficial de la presidencia y Esteban Mendieta Jara, asesor presidencial en materias tecnológicas de dicho Gobierno.El propio Decreto aporta como justificación de tal decisión razones
económicas y de soberanía nacional. Los dos puntos en los que más
hincapié hace en el articulado.Sin embargo, su
fecha de promulgación es significativamente coincidente en el tiempo
con dos cosas: primero, con las presiones recibidas por las más altas
escalas gubernamentales para que el INEN (Instituto Ecuatoriano de
Normalización) votara a favor del formato OOXML en ISO/IEC (cosa que
finalmente no hizo);
pero, segundo, es más llamativa aún la proximidad temporal con las
noticias referentes a que los servicios de espionaje estadounidenses
han estado infiltrados en los sistemas de decisión Ecuatorianos
e incluso ocultando información a su presidente. Esta coincidencia se
puede explicar por las fundadas sospechas de que algunos paquetes de
software privativos de empresas estadounidenses están sirviendo como herramientas de espionaje.
Respecto a este último paralelismo no estamos ante nada nuevo: ya otros
estados como Venezuela y Cuba, o incluso el Ejército de Alemania, han
pasado por la etapa de optar por el software libre para garantizar su
"soberanía tecnológica" y total auditabilidad del código (incluyendo su
libre compilado y depuración). El propio Departamento de Defensa de
Estados Unidos propone en sus informes el uso de sistemas operativos
libres con preferencia sobre los privativos porque el código abierto es
más adaptable a sus necesidades de seguridad. El razonamiento lógico
que arguye es que se pueden eliminar del mismo, con total autonomía y
sin tener que pedir permiso al fabricante, todas las partes de código
fuente que no sean estríctamente necesarias. Con ello se reducen los
riesgos de agujeros de seguridad.La idea
subyacente es que las tecnologías de la información manejan
precisamente eso, la información, y la información es un elemento clave
en política y economía. No debe resultar pues chocante que los
gobiernos no vean las distintas tecnologías informáticas como algo
neutro políticamente y que se decanten por unas u otras para sus
sistemas oficiales, y sobre todo para aquellos más críticos para su
soberanía.
El decreto lo tienes disponible en el artículo original.